El Congreso de España acaba de aprobar el Real Decreto-ley 14/2019, también conocido como el ‘decretazo digital’ o el ‘155 digital que permite al Gobierno cortar redes y comunicaciones por alteraciones del «orden público».
«No va a haber independencia offline ni online, el Estado va a ser igual de contundente en el mundo digital que lo es en el mundo real», afirmaba Sánchez.
Con la modificación, el mencionado artículo queda establecido de la siguiente forma: «El Gobierno, con carácter excepcional y transitorio, podrá acordar la asunción por la Administración General del Estado de la gestión directa o la intervención de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas en determinados supuestos excepcionales que puedan afectar al orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional. Esta facultad excepcional […] podrá afectar a cualquier infraestructura, recurso asociado o elemento o nivel de la red o del servicio que resulte necesario para preservar o restablecer el orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional». Traducido: el Gobierno se otorga pleno poder para intervenir la red a cualquier nivel y por un concepto tan ampliamente definido como la alteración del «orden público».
Según Carlos Sánchez Almeida, director legal de la PDLI, «el Gobierno no puede legislar por Real Decreto-ley materias que afecten a derechos y libertades, como sería cerrar servicios de Internet, y además no se justifica por razones de extraordinaria y urgente necesidad». Por este motivo, la PDLI, la AUI y la Asociación de Internautas van a promover la nulidad del Real Decreto-ley 14/2019 ante el Tribunal Constitucional.
El Gobierno justificó la «extraordinaria y urgente necesidad» del documento por el conflicto catalán y la obligación de frenar el impulso a la llamada república digital catalana, un intento de crear estructuras de gobierno virtuales (hacienda, censo, criptomonedas, banca…) independientes del Estado y de su control.
Esta medida nos acerca a China en materia de privación de libertades fundamentales. Vulnera el derecho al acceso a la información e incluso otros como el derecho a la huelga.
Muchos creemos que países como Estados Unidos con su policía brutal son mas fachas que nosotros, pero la realidad es que las leyes en España pintan otro cuento. En estados unidos los ciudadanos tienen derechos que protegen su libertad y leyes como la del «Ley de Ciudadanía» etc serian muy de extrema derecha. Aquí no hace falta que nos peguen un tiro en la calle, aquí nos callan desde los juzgados y sin derecho de protesta.
